Desde la Fundación Despertando al Atlas, abordamos la propuesta de reforma constitucional en Santa Fe como una oportunidad histórica para redefinir el contrato social con responsabilidad, transparencia y verdadera participación ciudadana.
Desde nuestra Fundación entendemos que toda Constitución es más que un conjunto de normas: es un mapa colectivo que orienta a una sociedad sobre cómo quiere organizarse, convivir y proyectarse hacia el futuro. En un Estado de Derecho, la Constitución es la piedra angular sobre la cual se construyen las instituciones, se ejercen los derechos y se limitan los abusos del poder. Por eso, cualquier intento de reformarla debe asumirse con la máxima responsabilidad, transparencia y participación social.
La actual Constitución de la provincia de Santa Fe rige desde 1962. Más de seis décadas nos separan de su sanción, y en ese tiempo, la sociedad santafesina ha cambiado profundamente. Entendemos, por tanto, que la necesidad de una reforma no sólo es legítima, sino necesaria. No porque lo viejo sea malo, sino porque las instituciones deben actualizarse para poder responder a los desafíos del presente y del futuro. La Constitución debe expresar no solo los consensos actuales, sino también las aspiraciones de transformación de una sociedad que ya no se reconoce en los moldes del pasado.
Lo que está en juego en este proceso es algo mucho más profundo que una reforma técnica: es la posibilidad de redefinir nuestro contrato social. La Constitución es un espejo de lo que somos, pero también debe ser un faro de lo que queremos ser. Y ese "oriente aspiracional", como nos gusta llamarlo, solo puede surgir del diálogo honesto entre todos los sectores de la sociedad, especialmente de aquellos que son excluidos de las mesas donde se decide el rumbo de las instituciones y que después son sobre los que recae la obligación de mantener el sistema.
Sin embargo, somos conscientes de que este proceso ocurre en un contexto de profunda desconfianza ciudadana hacia la política tradicional. Y no es para menos: durante años, demasiados dirigentes han utilizado las instituciones no para construir una sociedad mejor, sino para perpetuar estructuras de poder que garanticen sus propios privilegios y negocios. Esa sospecha, que se ha transformado en certeza para gran parte de la ciudadanía, contamina inevitablemente cualquier debate que provenga desde arriba y no desde la sociedad.
En este sentido se suma una crítica cada vez más extendida: la superficialidad del proceso que llevó a esta instancia. Pese a la enorme importancia institucional que tiene una reforma constitucional, la ciudadanía se ve obligada a votar sin haber sido informada en profundidad sobre los contenidos en juego. La campaña electoral de los candidatos a convencionales se limitó, en la mayoría de los casos, a consignas vacías y spots televisivos tan llamativos como irrelevantes, sin análisis serio de las normas a revisar. Esto no solo atenta contra el principio republicano del voto informado, sino que degrada el sentido mismo del debate público que una Constitución merece. En paralelo, temas de fondo como la posible adopción de un sistema unicameral, que modificaría radicalmente la lógica del poder legislativo, apenas fueron mencionados.
Por eso, si el sistema político pretende avanzar con una reforma constitucional, debe primero hacer un gesto concreto de buena fe. Si se plantea, por ejemplo, habilitar la reelección de cargos ejecutivos, entendemos que el mínimo ético indispensable sería excluir expresamente a las actuales autoridades de esa posibilidad. Solo así podría empezar a reconstruir una confianza básica en que esta reforma no se orienta a garantizar proyectos personales, sino a consolidar un modelo institucional más sólido y participativo.
Dicho esto, no abrigamos demasiadas expectativas de que este principio de ética pública sea respetado. Pero creemos necesario dejarlo planteado con claridad: sin gestos de desprendimiento, sin pruebas concretas de que el único objetivo no está en las próximas elecciones, todo proceso reformista estará condenado a reproducir el cinismo que hoy agota y aleja a buena parte de la sociedad.
La historia nos demuestra que las reformas verdaderas no se imponen: se construyen con humildad, con sentido de época y con espíritu de comunidad. Y en ese camino, no hay mapa más valioso que el que surge del diálogo social profundo, intergeneracional, plural y sincero.
Desde la Fundación Despertando al Atlas, seguiremos impulsando el debate colectivo sobre el tipo de sociedad que queremos construir. Porque una Constitución no se reforma para los gobernantes: se reforma para los ciudadanos. Y ese principio debe ser el corazón de cualquier proyecto serio de transformación.
