Desde la Fundación Despertando al Atlas manifestamos nuestra preocupación por una publicación realizada en canales oficiales del Estado provincial.
En el sitio oficial del Gobierno de Santa Fe, en una noticia referida a un nuevo tramo de la Ruta Provincial Nº 1, se utilizó el siguiente título:
“Pullaro invierte en otro tramo clave de la Ruta 1”.
El hecho no es menor.
No estamos señalando una publicación privada, una consigna partidaria, una pieza de campaña ni una opinión periodística. Estamos hablando de una comunicación alojada en una página oficial del Estado provincial, sostenida con recursos públicos y utilizada para informar actos, obras y decisiones institucionales.
Por eso el problema no está solamente en una palabra.
Está en el lugar desde donde esa palabra se pronuncia.
Cuando un canal oficial del Estado presenta una obra pública como si fuera una inversión personal de un gobernante, se produce un desplazamiento simbólico grave: aquello que pertenece al plano institucional empieza a aparecer como mérito individual del poder de turno.
No invierte Pullaro.
No invierte ningún gobernador.
Una obra pública no se financia con el patrimonio personal de quien gobierna. Se financia con recursos públicos: impuestos, presupuesto y fondos que pertenecen al conjunto de la sociedad.
El gobernante no es dueño de esos recursos.
Los administra transitoriamente.
Y precisamente por eso debe cuidarse el modo en que el Estado comunica sus actos.
Informar una obra pública es legítimo. Comunicar avances de gestión también. La sociedad tiene derecho a conocer qué se hace, dónde se hace, cuánto cuesta, quién lo ejecuta, bajo qué procedimiento y con qué fondos.
Pero una cosa es informar.
Otra muy distinta es apropiarse simbólicamente de lo informado.
Decir desde canales oficiales que un gobernante “invierte”, “hace”, “lleva”, “trae” o “entrega” con recursos públicos no es una fórmula inocente. Repetida en el tiempo, esa forma de nombrar instala una idea peligrosa: que el Estado es una extensión de la persona que gobierna.
Y no lo es.
El Estado no es del gobernador, del partido de gobierno, de una gestión ni del poder de turno.
Lo público no tiene dueño particular. Pertenece a todos.
Y justamente porque pertenece a todos, nadie puede narrarlo como propio.
Cuando esa frontera se borra, se debilita la conciencia ciudadana.
Donde debería haber control, aparece agradecimiento.
Donde debería haber instituciones, aparece personalismo.
Donde debería haber ciudadanía, aparece dependencia simbólica.
La sociedad no debe gratitud por aquello que se financia con sus propios recursos.
Debe información clara.
Debe rendición de cuentas.
Debe respeto institucional.
Una ruta, una escuela, un hospital, una vivienda, una obra hídrica o un programa público no son regalos del gobernante. Son decisiones estatales ejecutadas con recursos sociales. Podrán ser correctas o incorrectas. Prioritarias o discutibles. Bien administradas o mal administradas. Pero no son propiedad simbólica de quien circunstancialmente ocupa el Ejecutivo.
La apropiación de lo público no empieza solamente cuando alguien usa un recurso público para un fin privado. También empieza cuando se altera el modo de narrarlo: cuando lo común se presenta como dádiva, cuando lo institucional se convierte en mérito personal, cuando la comunicación pública deja de servir a la ciudadanía y empieza a construir capital político alrededor de una figura.
Este mecanismo no pertenece a un solo partido, a una sola gestión ni a una sola ideología. Es una deformación recurrente de la política argentina.
Pero justamente por eso debe ser señalada cada vez que aparece.
Porque lo que se naturaliza, después se acepta.
Y lo que se acepta, después se repite.
Por ello, reclamamos que las comunicaciones oficiales del Estado provincial adopten criterios estrictamente institucionales y eviten toda fórmula que atribuya personalmente a funcionarios el uso, administración, ejecución o inversión de recursos públicos.
La obra pública debe informarse como obra pública.
La acción estatal debe comunicarse como acción estatal.
Los recursos de la sociedad deben nombrarse como recursos de la sociedad.
Ningún gobernante puede apropiarse de lo público.
Ni con carteles.
Ni con actos.
Ni con titulares.
Ni con canales oficiales.
Fundación Despertando al Atlas
Santa Fe, mayo de 2026
