La Provincia comenzó este martes la demolición de los últimos seis monoblocks de barrio Acería. Con la relocalización de 101 familias se cierra un proceso iniciado en 2016 para reemplazar edificios que presentaban graves deficiencias estructurales.La intervención era necesaria. No porque corresponda al Estado hacerse cargo de las condiciones habitacionales de cada particular, sino porque en Acería se trataba de viviendas públicas construidas, adjudicadas y administradas por el propio Estado. Si esas viviendas presentaban deficiencias estructurales vinculadas con su ejecución original, correspondía que el Estado afrontara las consecuencias de aquello que él mismo había contratado y controlado.
Pero concluir la demolición no debería significar cerrar la historia.
Porque esos edificios también fueron construidos por el Estado.
Y una revisión de antecedentes periodísticos y documentación pública, realizada por la Fundación Despertando al Atlas con asistencia de inteligencia artificial, permite formular una pregunta que sorprendentemente continúa abierta:
¿Quién respondió por el fracaso de la obra original?
Los problemas no aparecieron cuarenta años después
En 2007, El Litoral informaba que los vecinos sufrían desde hacía más de veinte años la falta de agua potable de red y problemas cloacales. El complejo había sido inaugurado, según aquella reconstrucción, en 1986. Los problemas de infraestructura acompañaban entonces al barrio prácticamente desde su nacimiento.
En 2011 la situación era todavía más explícita. La propia Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo informaba que 327 familias reclamaban desde hacía 24 años por vicios constructivos y atribuía el deterioro de los 22 monoblocks y la falta de infraestructura al abandono de la obra por parte de la empresa que los había construido en 1987.
En 2017, al presentar el proyecto de reconstrucción, el entonces gobernador Miguel Lifschitz describió oficialmente un barrio que había nacido con mala construcción, problemas de diseño, proyecto e instalaciones.
No estamos, por lo tanto, frente a edificios que simplemente envejecieron.
Estamos frente a una obra pública cuyas deficiencias fueron denunciadas durante décadas y cuya propia historia oficial terminó reconociendo problemas que se remontaban prácticamente a su origen.
¿En qué condiciones se entregaron esas viviendas?
Aquí aparece una dimensión todavía más seria.
Si la empresa abandonó la obra, como informaba la propia Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo en 2011, corresponde saber qué ocurrió administrativamente después.
- ¿La obra tuvo recepción provisoria?
- ¿Tuvo recepción definitiva?
- ¿Existió certificado de final de obra?
- ¿En qué condiciones se certificaron y pagaron los trabajos?
- ¿Se ejecutaron garantías?
- ¿Se aplicaron sanciones?
- ¿Hubo reclamos contra la empresa o contra quienes debían controlar su ejecución?
En las fuentes públicas que pudimos consultar no localizamos hasta ahora la documentación que permita contestarlo.
Y, sin embargo, las viviendas fueron adjudicadas y habitadas.
Ese punto no puede reducirse a una irregularidad administrativa.Cuando el Estado decide construir y adjudicar vivienda pública, no alcanza con entregar una unidad materialmente ocupable. Debe entregar aquello que contrató y se obligó a construir en condiciones compatibles con el proyecto, la normativa y la finalidad para la cual destinó recursos públicos: con seguridad estructural y la infraestructura prevista.
Si una obra estaba inconclusa o presentaba deficiencias conocidas y aun así las familias fueron instaladas allí, el problema también es de dignidad.
No porque los habitantes de una vivienda social deban recibir un trato especial, sino exactamente por lo contrario: porque poseen el mismo derecho que cualquier ciudadano a que el Estado no considere suficiente para ellos aquello que no debería considerar aceptable para nadie.
Responsabilidades hacia ambos lados
El Estado también debe controlar a quienes reciben una vivienda pública.
Debe verificar su ocupación, exigir el cumplimiento de las obligaciones, reclamar las cuotas que correspondan y evitar que la irregularidad transforme un barrio en un espacio donde las reglas pierdan vigencia.
Eso también protege a los vecinos que cumplen, cuidan su vivienda y pretenden vivir en un entorno ordenado.
De hecho, los Boletines Oficiales muestran que décadas después de las adjudicaciones la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo podía reconstruir cuentas, ocupaciones, deudas y antecedentes contractuales de unidades del Plan 218, iniciar desadjudicaciones y disponer procedimientos frente a situaciones irregulares.
El problema no es que el Estado controle al adjudicatario.
El problema aparece cuando esa capacidad para determinar responsabilidades no resulta igualmente visible respecto de quienes proyectaron, construyeron, inspeccionaron, certificaron o recibieron la obra pública.
La responsabilidad no puede funcionar en una sola dirección.
Un problema que atraviesa los gobiernos
Acería tampoco admite una explicación partidaria sencilla.
Los problemas atravesaron gobiernos de distintos signos. La reconstrucción comenzó durante una gestión, continuó durante otra y culmina bajo una tercera. La propia intervención actual es producto de esa continuidad.
Pero esa continuidad deja expuesto otro problema.
Cada gobierno puede encontrar conveniente concentrarse en solucionar lo que recibió: conseguir presupuesto, construir nuevamente, relocalizar familias y exhibir la obra terminada.
Investigar cómo se originó el fracaso es institucionalmente más incómodo.
Porque investigar seriamente a las gestiones anteriores implica aceptar un principio que también alcanzará a la gestión presente cuando deje el poder.
Supone admitir que las decisiones administrativas no desaparecen cuando cambia un gobernador; que una certificación, una recepción de obra o una omisión de control pueden ser revisadas posteriormente; y que quien administra hoy también deberá responder mañana por la forma en que utilizó los recursos públicos.
No podemos afirmar que esa sea la razón por la cual no aparecen responsabilidades en Acería.
Pero sí podemos señalar el problema institucional: un Estado que no construye mecanismos eficaces para revisar hacia atrás tampoco genera incentivos para que quienes gobiernan hoy sepan que sus decisiones serán revisadas hacia adelante.
La alternancia política, sin rendición de cuentas, puede terminar convirtiéndose en una forma de dilución de responsabilidades.
Reconstruir el barrio y reconstruir lo ocurrido
Durante décadas el Estado debió atender problemas, realizar relevamientos, intervenir edificios, construir nuevas viviendas, trasladar familias y finalmente demoler aquello que alguna vez había financiado para construir.
Hoy vuelve a invertir recursos públicos para corregir aquel fracaso.
Eso era necesario.
Lo que no debería ser aceptable es que la solución material sustituya a la determinación de responsabilidades.
En las fuentes públicas consultadas no hemos localizado hasta ahora una investigación penal, una determinación patrimonial o una actuación pública que permita conocer si alguien respondió por las deficiencias originales. Esa ausencia en fuentes abiertas no demuestra que tales actuaciones nunca hayan existido.
Por eso la pregunta debe dirigirse formalmente al Estado:
¿Se investigó cómo fue construida, controlada, certificada y recibida la obra original de barrio Acería?
Si se investigó, corresponde conocer las conclusiones.
Y si no se investigó, corresponde explicar por qué.
Porque gobernar bien no consiste solamente en encontrar recursos para resolver los problemas heredados.
También implica determinar cómo se produjeron, exigir responsabilidades cuando corresponda y construir instituciones capaces de impedir que vuelvan a repetirse.En Acería, el propio fracaso de una política habitacional estatal hizo necesaria una intervención posterior para corregir las consecuencias de aquella obra.
Sus vecinos también merecen saber por qué tuvieron que esperar casi cuarenta años para que el Estado corrigiera aquello que nunca debió entregar en esas condiciones.
Y los santafesinos tenemos derecho a saber por qué terminamos financiando nuevamente una obra sin conocer todavía quién respondió por el fracaso de la anterior.
