En los últimos meses, hemos sido testigos de cómo diversos sectores buscan desestabilizar al gobierno nacional utilizando la lucha estudiantil universitaria como punta de lanza.
La juventud, con su natural pujanza y energía, ha sido históricamente un actor movilizador clave en las calles, pero en este contexto, parece estar siendo utilizada por intereses políticos que nada tienen que ver con la defensa de la educación pública gratuita.
El gobierno ya enfrentó intentos de desestabilización en otras áreas clave de la sociedad, pero esos intentos han ido cayendo uno a uno. Primero, se intentó movilizar a los jubilados, un sector que tiene menos capacidad de movilización masiva. Resulta difícil imaginar un micro repleto de sexagenarios viajando desde Tucumán a Buenos Aires para una marcha. Luego, se buscó explotar la indignación de los beneficiarios de planes sociales, pero los esfuerzos fracasaron cuando el gobierno desarticuló el sistema extorsivo y prebendario que manejaban los llamados "gerentes de la pobreza".
También se intentó generar conflictos con las autonomías provinciales por temas como la explotación minera, petrolera, y la administración de recursos naturales, pero el gobierno no se prestó al juego.
La inflación fue otro intento de desestabilización, pero las medidas económicas han comenzado a mostrar resultados, y la inflación está descendiendo. Tampoco han podido con la pobreza, ya que gran parte de la población comprende que esta crisis es resultado directo de las políticas irresponsables del gobierno anterior, que incluyó a figuras como Cristina Fernández, Alberto Fernández y Sergio Massa.
En otro frente, se ha intentado manipular la bandera de los derechos humanos, arengando con la causa Malvinas y difundiendo la narrativa de que ciertos sectores políticos, especialmente los vinculados a La Libertad Avanza, están reivindicando el proceso militar. Sin embargo, el "curro" de los derechos humanos ha quedado expuesto en la memoria colectiva con casos como la Universidad de las Madres y el escándalo de Sueños Compartidos.
Hoy, vemos cómo todos los desestabilizadores—desde sindicalistas hasta políticos de distintos colores, pasando por movimientos sociales y estudiantiles—se han unido al reclamo universitario. Esta maniobra intenta desviar la atención del verdadero problema: la universidad pública y gratuita no está en peligro, como se quiere hacer creer, pero sí lo están ciertos intereses políticos que controlan las cajas universitarias.
Un boton de prueba “El F.I.S.U”
Gracias a las auditorias llevadas a cabo por la actual gestión nacional, la población ha empezado a vislumbrar los desmanejos en la administración de los fondos públicos, desde las denuncias llevadas a cabo por el Ministerio de Capital Humano contra los administradores de los movimientos sociales, hasta exposición de estructuras como el Fondo para el Incentivo de la Infraestructura Universitaria (FISU). Este fondo, establecido para financiar obras de infraestructura y proyectos dentro de las universidades, terminó por convertirse en un mecanismo de control político y malversación de recursos. Por su intermedio se asignaban fondos multimillonarios sin la debida transparencia, y en muchos casos, el dinero se destinaba a proyectos que nunca se iniciaron o cuyas obras quedaron abandonadas.
El manejo discrecional de estos recursos permitió a agrupaciones políticas cercanas al anterior gobierno, como La Cámpora, posicionarse dentro de las universidades y controlar las cajas de recursos destinados a la educación, desviándolos hacia fines políticos.
La UCR, con su histórica Franja Morada y Evolución, también ha tenido un papel importante en este juego de poder, utilizando las universidades como bastiones de influencia política y económica.
La visión de la Fundación “DESPERTANDO AL ATLAS”
Desde “Despertando al Atlas” señalamos que la clave para entender esta movilización estudiantil no radica en un supuesto ataque a la educación gratuita, sino en la lucha por preservar los negocios y privilegios que ciertos sectores políticos tienen en las universidades. Desviar el debate hacia una supuesta amenaza a la educación pública es solo una estrategia para distraer a la población del verdadero problema: la manipulación política de las cajas universitarias.
Hoy más que nunca, es fundamental que la sociedad no se deje llevar por falsos discursos. La educación pública gratuita no está en riesgo, pero sí lo está la transparencia en la administración de los recursos universitarios, y detrás de esa falta de transparencia, encontramos a los actores políticos que se han beneficiado de estos recursos a expensas del bienestar estudiantil y de la calidad educativa en general.
